"Pérdidas y daños": un pilar en la agenda climática

Pérdidas y daños constituye un eje clave dentro de las negociaciones climáticas internacionales y alude a aquellos efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse mediante la mitigación ni abordarse por completo a través de la adaptación. Abarca tanto pérdidas económicas, como impactos en infraestructuras, merma agrícola o gastos de reconstrucción, así como pérdidas no económicas, entre ellas el desplazamiento de comunidades, la desaparición de expresiones culturales, la pérdida de biodiversidad y la afectación de derechos territoriales.

De qué manera se diferencia de la mitigación y la adaptación

Mitigación: medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global.
Adaptación: acciones para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante impactos previstos (diques, cultivos resistentes, sistemas de alerta temprana).
Pérdidas y daños: impactos residuales que ocurren pese a la mitigación y la adaptación, o impactos rápidos/irrecuperables que no pueden ser compensados plenamente.

Clases de daños y pérdidas

Eventos súbitos: huracanes, inundaciones, incendios forestales, tornados. Ejemplo: ciclones que destruyen infraestructura en horas.
Procesos lentos: elevación del nivel del mar, erosión costera, salinización, sequía prolongada, pérdida progresiva de productividad agrícola.
Pérdidas económicas: coste directo de daños en viviendas, carreteras, producción agrícola, turismo.
Pérdidas no económicas: desplazamiento forzado, pérdida de patrimonio cultural, extinción de especies, trauma social.

Situaciones y cifras que evidencian la problemática

Inundaciones en Pakistán (2010): afectaron a millones de habitantes y ocasionaron pérdidas notables en cultivos y viviendas; las evaluaciones internacionales indicaron que enormes grupos poblacionales quedaron desplazados y se registraron daños por miles de millones de dólares.
Ciclón Idai (2019): en Mozambique, Zimbabue y Malawi dejó un elevado número de víctimas, destruyó infraestructura clave y causó perjuicios económicos calculados en miles de millones de dólares, además de un prolongado impacto humanitario.
Huracán María en Puerto Rico (2017): provocó el colapso de servicios esenciales y daños tasados en decenas de miles de millones de dólares según varias estimaciones; puso de manifiesto cómo los eventos extremos pueden desencadenar crisis sanitarias y desplazamientos internos.
Islas bajas y desplazamiento: comunidades en islas del Pacífico y del Índico (como comunidades de Kiribati o Carteret) sufren erosión y pérdida territorial, lo que obliga a planificar reubicaciones nacionales o incluso transnacionales.
Sequías y agricultura: en zonas del Corredor Seco centroamericano y el Sahel, sequías persistentes y plagas asociadas al clima disminuyen los ingresos agrícolas, agravan la inseguridad alimentaria y fomentan procesos migratorios.

Entorno internacional y ámbito político

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): el tema de las pérdidas y los daños ha figurado durante años en las negociaciones; en 2013 se creó el Mecanismo de Varsovia para las Pérdidas y los Daños con el propósito de coordinar análisis y brindar apoyo técnico.
Hito en la COP27: en 2022 los países acordaron establecer un fondo destinado a abordar pérdidas y daños, centrado principalmente en apoyar a las naciones en desarrollo que enfrentan impactos desproporcionados. Para ponerlo en marcha es necesario definir su modelo de gobernanza, las fuentes de financiamiento y los criterios de acceso.
Tensión política: continúa el desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo sobre si este respaldo debe entenderse como reparación, compensación o un gesto de solidaridad; algunos temen incurrir en responsabilidades legales mientras otros exigen justicia climática.

Medición, atribución y valoración

Ciencia de atribución: facilita evaluar en qué medida el cambio climático provocado por actividades humanas influyó en la frecuencia o magnitud de un fenómeno extremo, respaldando decisiones de financiamiento aun cuando no siempre ofrece conclusiones definitivas para cada situación.
Valoración económica: calcular daños directos resulta relativamente sencillo (infraestructura, producción), pero estimar pérdidas no económicas —como identidad, prácticas culturales o biodiversidad— implica mayores dificultades y suele quedar corto al traducirse a valores monetarios.
Brechas de datos: los países con capacidad estadística limitada enfrentan obstáculos para medir impactos y sustentar solicitudes de asistencia, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a recursos.

Sistemas de respuesta y financiamiento

Prevención y reducción del riesgo: fomento de infraestructura más resiliente, planificación territorial adecuada y restauración de ecosistemas clave.
Mecanismos de seguro: coberturas nacionales y fondos regionales frente a desastres (por ejemplo, instrumentos activos en el Caribe y el Pacífico) que permiten liberar recursos con rapidez tras eventos extremos.
Financiamiento internacional: contribuciones no reembolsables, préstamos en condiciones ventajosas, reestructuración de deuda y el nuevo fondo de pérdidas y daños acordado en foros globales.
Medidas innovadoras: opciones como impuestos al carbono, tarifas para el transporte internacional, reasignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) o aportes voluntarios; cada propuesta genera debates sobre equidad y eficacia.

Desafíos operativos y éticos

Equidad: países que menos han contribuido al calentamiento suelen sufrir los peores impactos; existe un fuerte argumento moral para transferencias financieras del Norte global al Sur global.
Responsabilidad vs. solidaridad: la demanda de compensación por daños históricos choca con la reticencia de algunos países a aceptar responsabilidad legal y financiera.
Implementación operativa: definir quién accede al fondo, cómo se prioriza, cómo asegurar transparencia y que los recursos lleguen a las comunidades afectadas.
Pérdidas no asegurables: ciertos daños, como pérdida de identidad cultural o territorio insular, no pueden repararse con dinero; requieren soluciones políticas complejas, como migración planificada y protección de derechos.

Consejos y propuestas ideales

Combinar enfoques: prevención, preparación, seguros y financiamiento a largo plazo para cubrir tanto pérdidas económicas como inversiones en resiliencia.
Empoderar comunidades: incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en diseño y ejecución de medidas para asegurar relevancia cultural y efectividad.
Transparencia y gobernanza: establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y seguimiento del uso de fondos.
Soluciones regionales: cooperar en fondos y compras de cobertura regional (por ejemplo, pactos de reasentamiento entre estados insulares y países receptores) para gestionar desplazamientos planificados.

Los debates sobre pérdidas y daños revelan un punto decisivo: el cambio climático provoca ya consecuencias que numerosas comunidades no logran revertir por sí mismas. Afrontar este escenario exige articular la ciencia de atribución, políticas financieras justas, acciones orientadas a reducir riesgos y un enfoque sustentado en derechos humanos que posibilite generar respuestas legítimas y efectivas para quienes encaran las mayores dificultades.