Una corte federal de apelaciones en San Francisco decidió que el exmandatario Trump puede seguir controlando a la Guardia Nacional de California, al menos por algún tiempo, mientras continúa el litigio iniciado por el gobernador Gavin Newsom. Este veredicto permite que las 4,000 tropas situadas en Los Ángeles sigan bajo mando federal durante los procedimientos legales, revocando por el momento la resolución anterior que solicitaba su devolución a las autoridades del estado.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California tiene la opción de recurrir la decisión frente al pleno del Noveno Circuito o incluso escalar el caso hasta la Suprema Corte. Asimismo, podrían alegar que la utilización militar en apoyo a las funciones de la ley federal —posible infracción de la ley Posse Comitatus— demanda un análisis más detallado en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom expresó que «el presidente no ostenta el poder absoluto ni está exento de cumplir con las leyes». Además, enfatizó que California continuará defendiendo en la justicia la autonomía del estado y los derechos civiles. Por otro lado, el exmandatario Trump calificó la decisión como un «gran triunfo» para la seguridad nacional, justificando que la Guardia Nacional necesita ser desplegable si las autoridades locales no logran conservar el orden.
A nivel del país, el asunto ha iniciado una discusión extensa sobre la extensión de las facultades presidenciales respecto al uso de la Guardia Nacional, el federalismo y las restricciones del poder judicial. Es la primera ocasión en sesenta años que se vuelve federal la Guardia sin la aprobación de un gobernador, lo que causa inquietud sobre posibles precedentes riesgosos y la disminución de los sistemas de derecho y revisión institucional.
Actualmente, en Los Ángeles, la presencia militar permanece, aunque las manifestaciones han bajado y el alcalde eliminó el toque de queda. No obstante, continúan las tensiones y dudas sobre la colaboración entre las autoridades civiles y las militares, así como el efecto en la supervisión y el control social.
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.
