Desde marzo de 2025, las compañías en España han comenzado a realizar deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los sueldos de los empleados que ganan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este ajuste ocurre tras el aumento del SMI a 16.576 euros por año en 14 mensualidades (1.184 euros al mes), aprobado a mediados de febrero con efecto retroactivo desde enero. Diferente a incrementos previos, esta subida no fue acompañada de una actualización del mínimo exento de IRPF, que sigue siendo de 15.876 euros anuales, lo que significa que, por primera vez, quienes reciben el SMI están sujetos a deducciones impositivas.
Ejecución de las deducciones
Las compañías funcionan como mediadoras entre los empleados y la Agencia Tributaria, estando encargadas de aplicar retenciones de IRPF a partir de determinados niveles salariales. Estas retenciones son anticipos que el empleador deduce del sueldo para ingresarlos en Hacienda, facilitando que el impuesto se cobre de manera progresiva y periódica. Por lo general, las grandes corporaciones efectúan estas retenciones mensualmente, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo hacen cada trimestre.
Después de que el nuevo SMI fue anunciado en el Boletín Oficial del Estado, las empresas han modificado las nóminas para incluir las nuevas retenciones. Aunque algunas no pudieron realizar los cambios en febrero, la mayoría ha comenzado a implementarlos en marzo. Estas retenciones son más elevadas de lo habitual para compensar las que no se efectuaron en enero y febrero.
Consecuencias para los trabajadores
Impacto en los trabajadores
La subida del SMI ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de trabajadores en España. Sin embargo, debido a que la mayor parte de ellos puede acogerse a las deducciones previstas en el impuesto por su situación personal y familiar, las retenciones afectan aproximadamente al 20% de los perceptores, es decir, unos 540.000 contribuyentes que están solteros y no tienen hijos. En este caso, han comenzado a tributar por los 700 euros que separan el mínimo exento vigente del nuevo suelo salarial.
Para estos trabajadores, la retención anual es de aproximadamente 300 euros, lo que equivale a un tipo de retención del 1,81%. Esto se traduce en una deducción de alrededor de 21 euros por cada una de las 14 pagas. Aunque la cantidad puede parecer reducida, implica que el IRPF absorberá el 42% de la subida salarial.
En otros casos, como el de un trabajador con pareja e hijo menor de 3 años, no habrá retenciones de IRPF gracias a los beneficios fiscales aplicados a familias con hijos pequeños. Para un trabajador con pareja e hijo mayor de 3 años, se aplicará una retención menor, de alrededor de 99,46 euros al año, lo que equivale a un tipo del 0,6%.
La implementación del IRPF en los salarios más bajos ha causado divisiones en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que no sabía que el aumento del SMI llevaría a esta situación hasta que lo vio en los medios, lo cual ha sido negado por el ala socialista del Gobierno. En contraparte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó a Díaz acusándola de adoptar discursos populistas al argumentar que las rentas más bajas deberían quedar exentas del impuesto.
La aplicación del IRPF a los salarios más bajos ha generado división dentro del Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó desconocer que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicada por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Por su parte, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.
Reflexiones finales
Consideraciones finales
La implementación de retenciones de IRPF a los perceptores del SMI marca un cambio significativo en la política fiscal española. Si bien la medida busca mantener la equidad y la sostenibilidad del sistema tributario, es esencial evaluar su impacto en los trabajadores de menores ingresos y considerar posibles ajustes que mitiguen efectos adversos. El equilibrio entre una política fiscal justa y el bienestar de los ciudadanos continúa siendo un desafío para las autoridades.
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