Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción provisional que impide la implementación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el exmandatario Donald Trump. Esta disposición buscaba restringir el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en el país, lo que provocó una fuerte controversia y un amplio rechazo por parte de grupos de derechos civiles, fiscales generales y diversos estados encabezados por demócratas.
Un juez federal de Seattle emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el expresidente Donald Trump. La medida pretendía limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, lo que generó una intensa polémica y un amplio rechazo entre grupos de derechos civiles, fiscales generales y varios estados liderados por demócratas.
La medida ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos sin documentación o con visas temporales nacidos en territorio estadounidense adquirieran automáticamente la ciudadanía, a menos que al menos uno de los progenitores fuera ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», desafiaba frontalmente la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Bases constitucionales
La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde habitan». Este principio ha sido ratificado en veredictos anteriores del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que validó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los descendientes de inmigrantes.
Diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y diferentes organizaciones de derechos civiles, calificaron de inmediato la orden ejecutiva como inconstitucional. Argumentaron que el presidente carece de potestad para modificar o derogar una enmienda constitucional.
Primer fallo judicial
El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «abiertamente inconstitucional». La querella presentada en Seattle fue promovida por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, quienes afirman que la orden infringe derechos esenciales y podría tener un impacto considerable en las jurisdicciones locales, como la pérdida de financiación federal para programas infantiles.
Asimismo, una coalición de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, argumentando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos injustos a las localidades involucradas.
Trasfondo histórico y legal
Contexto histórico y legal
Aunque durante su primer mandato Trump había advertido con adoptar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva marca el primer intento formal de reducir este principio a través de una acción directa del Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.
La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento
El debate sobre la ciudadanía por nacimiento
Consecuencias a futuro
Implicaciones futuras
El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.
La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.
