La Unión Europea ha conseguido, tras varios años de intentos a distintos niveles, cerrar el pacto migratorio, un paquete de normas que perfila una nueva arquitectura para la gestión de los migrantes. Este mes, en medio de días de intensas negociaciones entre dos grupos entre el Consejo de la UE -tras la batalla de España, su presidencia hasta el 31 de diciembre- y el Parlamento Europeo con la asistencia de la Comisión Europea, los líderes políticos comunitarios han debatido una Nuevo texto legal que resiste los requisitos de asistencia a los solicitantes de asilo y establece que una parte de los solicitantes de esa protección que van a la UE sean empleados por todos los países de la UE.
Francia, que en los últimos días ha expresado algunas reservas sobre los puntos generales del pacto, ha acabado, por un lado, haciendo concesiones en una cuestión, la gestión de los flujos migratorios, que está provocando graves problemas políticos internos y que, sin duda, Será un tema predominante en las elecciones europeas del 6 de junio, porque las encuestas muestran un aumento de las fuerzas de ultraderecha.
El nuevo acuerdo, que se compone de cinco normas que forman una secuencia, desde que la solicitud del solicitante de asilo hasta el territorio comunitario ha de ser aceptada o retirada, y que pretende sustituir y perdurar en la legislación actual, está en vigor desde hace años. La Comisión Europea presentó su propuesta regulatoria en 2020. Pero recién en junio el Consejo de la UE podrá cerrar una posición común sobre uno de los temas más controvertidos, las tasas obligatorias de solicitantes de asilo que se distribuirán entre todos los miembros y que están reguladas y dos reglamentos. . En octubre, Los Veintisiete cerrará su posición sobre el quinto y último de los reglamentos -sobre situaciones de crisis y explotación- para poder avanzar a las negociaciones entre los colegisladores de la UE para establecer un texto legal definitivo.
El pacto migratorio se compone de cinco reglas: el control y tratamiento de datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la protección judicial y recursos necesarios, la administración de crisis y la gestión y atención de los solicitantes. asilo. Este último es capital porque según la regulación actual corresponde a los países en los que se produce la primera entrada del migrante en la UE, la que sitúa a la cabeza a países como España, Italia o Grecia.
Este reglamento establece ese concepto de “solidaridad obligatoria pero flexible” y prevé cuotas de redistribución para los solicitantes de asilo o el abono de 20.000 euros por persona a la cesta común en el caso de que un Estado reciba la carga de la parte que les afecta. . Los socios también podrán contribuir con medios materiales o asumir la gestión de las personas que ya se encuentren en su territorio aunque ingresen a otro lugar y su gestión corresponderá a otro; una de las quejas de países como Alemania o los Países Bajos, que suele marcar el destino de una parte importante de los solicitantes de asilo que se desplazan a la UE en los llamados “movimientos secundarios” que marcan el acuerdo.
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